El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, y sus homólogos de País Vasco, Galicia y Cantabria han unido hoy posiciones frente al diseño de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2023-2027, ante el que defienden que el plan estratégico de la nueva PAC tenga en cuenta su carácter diferencial.
Calvo, que ha firmado hoy, por vía telemática, un documento de posición conjunta con el resto de consejeros, ha agradecido al resto de las comunidades de la cornisa su esfuerzo y compromiso para alcanzar consensos. Ha destacado también la importancia de este acuerdo, que refuerza el modelo de explotación familiar agraria sostenible del norte de España. La política agraria común permite que lleguen en 2021 a Asturias 148.282.808 euros de fondos europeos, de los que algo más de 64,7 millones son a través del Fondo de Garantía Agrícola (Feaga) y 83,5 del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
El documento refleja el apoyo a la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de definir la figura del agricultor genuino, que vive y trabaja en el medio rural. Las cuatro regiones proponen que esta condición quede definida por un porcentaje de al menos el 30% de ingresos agrarios sobre los totales, excepto para afiliados a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia en el sector agrario.
Sobre el primer pilar de la PAC, en las ayudas básicas a la renta (ayudas directas), las comunidades apuestan por superar los derechos históricos y avanzar hacia un tratamiento equitativo de las explotaciones, adaptado a su realidad actual. Además, juzgan imprescindible establecer un número y delimitación de las regiones, a efectos de que la ayuda básica refleje las diferentes realidades en el plano agronómico y socioeconómico.
En cuanto a las ayudas asociadas principalmente a los sectores de vacuno de leche y carne, las regiones cantábricas consideran prioritario contar, al menos, con los mismos recursos que en el periodo 2014-2020, lo que en la práctica supondría el máximo que permita la normativa comunitaria (hasta el 15%).
Sobre el límite de ayudas que percibe un mismo beneficiario (capping), el documento conjunto apoya el establecimiento de un máximo de 60.000 euros por explotación, una medida que contribuiría a contar con recursos adicionales para distribuir entre los pequeños negocios.
Para los ecoesquemas, que reunirán el 20% de las ayudas directas asociadas a prácticas agrícolas comprometidas con los objetivos medioambientales de la PAC, demandan que se tengan en cuenta las características de las explotaciones agroganaderas del norte del país. En este sentido, proponen la inclusión de planes específicos para la ganadería extensiva y el sector lácteo.
Finalmente, respecto al Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader), segundo pilar de la PAC, se incide en la necesidad de recuperar el equilibro entre las aportaciones de la Administración central y las comunidades, con el fin de logar un reparto más equitativo de los fondos.
El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha explicado que todas estas propuestas constituyen la base para consolidar un modelo de producción orientado a generar actividad económica y mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
