ASAJA Asturias pide al Ministerio de Agricultura la retirada del proyecto de Real Decreto por el que establece normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, al considerar que dicho proyecto ocasionará graves perjuicios a las ganaderías existentes y el nivel de exigencias es tal que prácticamente imposibilitará la instalación de otras nuevas.

ASAJA Asturias lamenta la falta de empatía que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación muestra con el sector ganadero, inmerso en una importante crisis de rentabilidad motivada por los bajos precios de sus productos y el incremento de los costes de producción. Las exigencias que contempla el proyecto de Real Decreto, por el que el Ministerio pretende regular las explotaciones ganaderas, unidas a la baja rentabilidad propiciarán el cierre de muchas ganaderías.

Entre los requisitos que contempla el proyecto de Real Decreto se encuentran exigencias tan disparatadas como:

  • Cierre perimetral de las explotaciones, necesidad de llevar un registro de los vehículos y las personas que accedan a la explotación, incluidos los veterinarios.
  • Distancia mínima de 500 metros con respecto a explotaciones ya existentes.
  • Variar las zonas de alimentación y suministro de agua con frecuencia, en las explotaciones situadas en zonas con presencia de fauna silvestre, podrán establecer la obligatoriedad de instalar bebederos y comederos diseñados específicamente para limitar el contacto entre las diferentes especies.
  • Estercoleros y balsas de purín con tamaño para almacenamiento durante al menos 6 meses.
  • Disponer de sistemas para controlar el asentamiento de pájaros y otros animales, domésticos y silvestres.

Además de las muchas exigencias planteadas, la mayoría de ellas imposibles de cumplir, obviando que ya existe suficiente legislación al respecto en las comunidades autónomas, también se hace referencia a la configuración, orientación, diseño y materiales de las instalaciones, sin tener en cuenta las exigencias urbanísticas de los distintos Planes de Ordenación de los Ayuntamientos.

En cualquier caso, todas estas nuevas “obligaciones” para el sector productivo no vienen acompañadas de la correspondiente compensación económica, a pesar de suponer trabas para el normal desarrollo de la actividad y un importante esfuerzo económico que el sector no está en condiciones de poner asumir.