El Principado ha elaborado un nuevo programa de gestión del lobo para el periodo 2021-2022. El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, y el director general del Medio Natural y Planificación Rural, David Villar, han presentado el documento en la reunión telemática del comité consultivo del Plan de Gestión del Lobo celebrada esta tarde.

El Ejecutivo asturiano da continuidad al actual marco de gestión de esta especie en Asturias, más allá de la incertidumbre que pueda generar el proceso de renovación de la estrategia nacional y la posible inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE). El consejero ha explicado que “nuestra obligación es dotarnos de un marco de gestión real y eficaz que permita actuar y trabajar para favorecer la coexistencia del lobo y la ganadería”.

Los trabajos de seguimiento de la evolución de la especie en la región, que se recogen en el nuevo programa, son los estudios de campo más completos de los realizados hasta el momento. En ellos han participado más de 80 personas entre técnicos, agentes del Medio Natural, y científicos y expertos de diferentes ámbitos. Según sus datos, la  estimación de la población de lobo ibérico en 2020 era de 38 manadas seguras y seis probables.

En la reunión también se ha informado sobre las nuevas ayudas destinadas a impulsar la adopción de medidas preventivas para evitar daños de la fauna silvestre que ha puesto en marcha el Ejecutivo asturiano. Se trata de una línea complementaria a la indemnización por daños y subvencionable al 100% de la inversión. La ayuda podrá alcanzar un máximo de 40.000 euros por explotación y contempla medidas como la construcción de cercados permanentes o rediles móviles.

En este ámbito, se cuenta con la experiencia de cercados permanentes como los instalados en Lena, Cabrales (Sotres y Tielve), Allande y Somiedo, este último con una superficie de 10 hectáreas, que han permitido testar la eficacia de estas medidas preventivas.

El nuevo programa 2021-2022 prevé la realización de controles poblacionales allí donde la actuación de los lobos comprometa la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias, con el fin de reducir los daños en la mayor medida posible. El cupo máximo de extracciones previstas es de 32.