El Gobierno de Asturias ha concedido 13,6 millones en ayudas a industrias forestales en el periodo 2015-2020 con el objetivo de favorecer la consolidación de un sector moderno y eficaz. Los proyectos desarrollados en ese lustro alcanzaron una inversión global de 61 millones, una cifra que demuestra el esfuerzo de las empresas por adaptarse a las nuevas tecnologías y nichos de mercado.

La directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Begoña López, ha visitado hoy las instalaciones de Pellets Asturias. La factoría, ubicada en el polígono de La Curiscada (Tineo), recibió 300.000 euros en la convocatoria de ayudas a industrias agroalimentarias y forestales de 2020 para ejecutar un proyecto con una inversión global que supera el millón de euros.

Las actuaciones se centran en la modernización del sistema de astillado, con la adquisición de un nuevo equipo; el cribado y refinado de astilla y la mejora de otros sistemas para el transporte y procesamiento de la madera.

López ha destacado que estas iniciativas contribuyen a dinamizar un sector incipiente, como el de la biomasa, y las aplicaciones residuales de la madera a procesos energéticos, bien de generación de energías alternativas o, como en este caso, de calefacción ecológica.

Pellets Asturias ha ido incrementando su capacidad de producción desde el inicio de su actividad, en 2011, hasta alcanzar las 40.000 toneladas anuales. También cuenta con varias certificaciones para sus productos y la máxima categoría de la norma europea de calidad de pellets. La empresa genera 19 empleos directos en la zona rural, además de los inducidos.

Nueva convocatoria en 2021

La convocatoria de subvenciones de este año para facilitar la inversión en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas y forestales está dotada con 9,3 millones. Se trata de ayudas de carácter plurianual y cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) que facilitan la mejora de los procesos de producción de las industrias mediante la implantación de nuevas tecnologías y procedimientos que tienen un plazo de tres años para su desarrollo desde el momento en que se presentan las solicitudes